Batiburrillo: 2006, Año de la Mentira Histórica

2 de Enero 2006

2006, Año de la Mentira Histórica

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2005.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006, como Año de la Memoria Histórica, para su debate y votación en el Pleno de la Cámara.

Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

BOLETÍN OFICIALDE LAS CORTES GENERALESVIII LEGISLATURA - Serie B:16 de diciembre de 2005 Núm. 221-1 - PROPOSICIONES DE LEYPROPOSICIÓN DE LEY122/000180

Declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Exposición de motivos:

Hace tres años se conmemoró el primer cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978. Han transcurrido setenta años desde el comienzo de la guerra civil de 1936. Apenas quedan supervivientes de la gran tragedia. Y por supuesto, nada queda en la sociedad española del enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha.

Por otra parte, en estos más de veinticinco años se han dictado numerosas disposiciones, aunque aún insuficientes, tanto por parte de la Administración General del Estado, como por parte de las Comunidades Autónomas, dirigidas a reparar, en la medida de lo posible, la dignidad de las personas que padecieron persecución durante el régimen franquista y a proporcionarles los recursos necesarios.

Dentro de este grupo de personas que padecieron las terribles consecuencias de la guerra se encuentran los exiliados. En septiembre de 1999, el Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre conmemoración del 60.º aniversario del exilio español con ocasión de la finalización de la guerra civil. En la diáspora del exilio lo perdieron todo y el dolor del éxodo nunca se ha podido superar, porque el forzado apartamiento de la patria es uno de los mayores padecimientos. La reconciliación no se compadece, en esta ocasión, con el olvido de este grupo de personas muchas delas cuales cuando pudieron regresar a España no lo hicieron porque durante sesenta años habían tejido sus relacio-nes personales y familiares en las tierras de acogida. A estos ciudadanos y ciudadanas exiliados —así como los llamados niños de la guerra— supervivientes ya de aquel trágico episodio de nuestra historia, el Congreso de los Diputados considera un deber rendir un tributo de admiración y afecto, por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer por un golpe antidemocrático y una guerra impropios de una nación cuya razón de ser ha de estar en el respeto a los valores democráticos. Así mismo, el Congreso de los Diputados mediante el Acuerdo de 20 de noviembre de 2002 y aprobado por unanimidad reafirma una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron mástarde la represión de la dictadura franquista. Instando a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones.

Además insta al Gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y deacción protectora económica y social de los exiliados de laguerra civil así como de los llamados niños de la guerra que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto.

Por otra parte, la Segunda República fue el primer régimen realmente democrático en nuestra historia, con medidas tan decisivas como la implantación del sufragio verdaderamente universal con reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. La Constitución de 1931 fue también la primera que abordó el reconocimiento de derechos sociales y económicos y las bases de lo que hoy conocemos como Estado de bienestar. Asimismo, trató de resolver al problema de la articulación territorial de España mediante el sistema de Estatutos de Autonomía elaborados por iniciativa de los territorios que aspiraban a su autogobierno, y adelantó en proclamar la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. Pese a la complejidad de los gobiernos de la Segunda República y a su trágico desenlace, el régimen instaurado en 1931 es un antecedente directo del actual Estado social y democrático de Derecho y del sistema autonómico establecido por la Constitución de 1978. El conocimiento y divulgación de ese periodo histórico es esencial para comprender la sociedad en la que vivimos hoy. Además el próximo año se cumple el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República.

Por todo ello se presenta la siguiente,

Proposición de Ley

- Artículo primero. Se declara el año 2006 como año de la Memoria en homenaje y reconocimiento de la Segunda República como antecedente de la Constitución de 1978 y de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista.

- Artículo segundo. El Gobierno en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, promoverá y apoyará actos de conmemoración a todos los hombres y mujeres a los que se refiere el artículo anterior.

- Artículo tercero. A través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la puesta en circulación de una serie desellos y monedas que sirvan para conmemorar a todos los ciudadanos que, por defender el orden constitucional establecido de la Segunda República, padecieron deforma directa o indirecta la represión franquista.

- Disposición adicional. El diseño de los sellos que comprendan esta serie se realizará mediante concurso público en el que podrán participar todos los ciudadanos españoles con el fin de involucrar al conjunto de la sociedad en este reconocimiento.

- Disposición final. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Congreso 16 de diciembre de 2005.

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